El Gobierno portugués recorta el presupuesto estatal para facilitar su aprobación en el Parlamento

El Gobierno portugués ha presentado hoy su propuesta de Presupuesto del Estado para 2026, un día antes de la fecha límite y tres días antes de las elecciones locales. Aunque el Gobierno es prácticamente el mismo que el del año pasado (a pesar de que en mayo se celebraron elecciones anticipadas), el contexto político actual es completamente diferente. Hace un año, no había garantías de que el presupuesto se aprobara, mientras que hoy hay muchos candidatos dispuestos a ayudar a que se apruebe, aunque el Gobierno siga sin tener mayoría.

La estrategia del primer ministro y su equipo fue presentar un documento minimalista, para facilitar el acuerdo con los posibles socios parlamentarios.

Aunque este año hay menos riesgos de que el presupuesto estatal se bloquee en el Parlamento, el Gobierno optó también por seguir la misma estrategia de congelar la mayoría de las subidas de impuestos y volver a reducir el impuesto sobre la renta de las personas físicas , impulsando así el consumo interno. La estrategia resultó acertada el año pasado y, para 2025, el Banco de Portugal prevé un mayor crecimiento del PIB gracias precisamente a ello.

Este año, sin embargo, el Presupuesto del Estado no legisla sobre la mayoría de esas medidas sectoriales. Se han debatido y aprobado individualmente en el Parlamento en las últimas semanas, y el Presupuesto del Estado, aunque refleja su impacto presupuestario, no las legisla directamente, como era habitual en las últimas décadas. De este modo, el Presupuesto es este año un documento más financiero y tiene menos «caballeros presupuestarios», como se denominaban estas medidas.

Esto es algo que el ministro de Hacienda ha defendido en los últimos años. «Nuestro objetivo es que el texto de la ley trate exclusivamente de cuestiones presupuestarias. Las tablas anexas reflejan decisiones políticas, pero cada política pública, cuando es competencia del Parlamento, se debate por separado», afirmó en la rueda de prensa posterior a la presentación de los Presupuestos.

Pero también resulta muy útil para garantizar la aprobación política en el Parlamento. El Partido Socialista ha estado diciendo que algunas áreas «línea roja» no podían incluirse en el presupuesto para que votaran a favor. Una de las líneas rojas son los cambios en la legislación laboral que ha presentado el Gobierno y que actualmente se están debatiendo. La otra tiene que ver con la sanidad y con el servicio nacional de salud público. De esta manera, el recortado presupuesto de 2026 no traspasa ningún límite y facilita que los socialistas lo aprueben.

Chega, el mayor partido de la oposición, aún no ha aclarado su posición con respecto a la votación del presupuesto. Con el aparente apoyo del Partido Socialista, su voto ya no será clave para la aprobación del presupuesto.

Montenegro y su equipo vuelven a prometer responsabilidad fiscal, con un superávit presupuestario previsto del 0,3 % este año y otro, aunque menor, en 2026 (0,1 %). El ministro de Finanzas ha afirmado que el margen para aprobar nuevas medidas durante el debate en el Parlamento es reducido, con un límite máximo de solo 230 millones de euros, que es el superávit previsto para el próximo año. «Si el país no quiere tener déficit el año que viene, el margen es casi nulo», advirtió. El PIB debería crecer un 2 % este año y un 2,3 % en 2026. El Consejo de Finanzas Públicas advierte de que las previsiones del Gobierno son «optimistas».

El objetivo es también reducir la deuda pública, desde un 90,2 % del PIB previsto para finales de este año hasta un 87,8 % en 2026, y proteger a Portugal de las crisis externas.

El debate sobre los presupuestos tendrá lugar a finales de mes, y la votación general está prevista para el 27 de octubre.

LOS PARTIDOS DE DERECHAS APLAUDEN UN PRESUPUESTO «RESPONSABLE», LA IZQUIERDA PIDE MÁS MEDIDAS Y AMBICIÓN POLÍTICA

Hugo Carneiro, diputado del mayor partido que apoya al Gobierno, el Partido Socialdemócrata (PSD), aplaudió la estrategia y afirmó que el margen de negociación es «muy limitado», apelando a los partidos para que muestren «sentido de la responsabilidad» y eviten cambios que distorsionen el superávit presupuestario o pongan en peligro la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR).

El partido minoritario de la coalición, los Demócratas Cristianos, también señaló que el Presupuesto del Estado para 2026 incluye el tercer superávit consecutivo por primera vez en la democracia portuguesa. El líder parlamentario Paulo Núncio reforzó públicamente la posición fiscal del Gobierno, instando a la «responsabilidad política» de la oposición durante las negociaciones del Presupuesto del Estado para 2026.

Tras la presentación de la propuesta de Presupuesto del Estado para 2026, el presidente de Chega (CH), André Ventura, afirmó que el partido no tolerará un aumento de los impuestos sobre los combustibles. Ventura considera que «el Gobierno prevé un consumo extraordinario de combustible el próximo año», a pesar de las garantías del ministro de Hacienda de que el Gobierno está estudiando una solución para evitar subidas de precios.

El Partido Socialista (PS), liderado por José Luís Carneiro, mostró su disposición a permitir la aprobación del presupuesto, confirmando que el Gobierno ha cumplido las principales demandas del PS (incluidas las relacionadas con el trabajo, el Servicio Nacional de Salud y la Seguridad Social pública). Aunque destacó que la propuesta no es el documento ideal para el PS, Carneiro se comprometió a cumplir la promesa del partido de «contribuir a la estabilidad política».

La líder de la Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, criticó la propuesta del Gobierno para el presupuesto estatal de 2026. Para la líder liberal, el documento «no es ambicioso» para el pueblo portugués, ya que es «un presupuesto codicioso para el Estado».

Las críticas son generalizadas entre el resto de partidos de izquierda. Livre (L) denuncia la «falta de ambición política», argumentando que la propuesta del Gobierno presentada hoy «no contiene medidas». Por su parte, el Partido Comunista Portugués (PCP) adopta una postura aún más crítica, acusando al Gobierno de «exacerbar las injusticias fiscales» debido a la reducción del impuesto de sociedades. En consecuencia, los comunistas se muestran inflexibles al expresar su «oposición total» a la propuesta del Gobierno. El PAN adoptó una postura más conciliadora, limitándose a acusar al Gobierno de no negociar esta primera versión de los Presupuestos Generales del Estado y prometiendo que «presentará propuestas para reforzarlos».

Estos son los próximos pasos de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 en el Parlamento:

A continuación, resumimos las medidas más importantes incluidas y consideradas en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2026.

MEDIDAS E INCENTIVOS PARA LAS EMPRESAS

El impuesto de sociedades se reduce de nuevo al 19 %

El impuesto de sociedades (IRC) se reducirá en un punto porcentual hasta el 19 % el próximo año, tal y como se recoge en el programa electoral presentado por la AD durante las elecciones de mayo. Esta medida, que supone un impacto de 199 millones de euros en las finanzas públicas, ya había sido aprobada en el Parlamento en términos generales en septiembre, con el apoyo de la CH y la oposición del PS.

Además, el Gobierno tiene la intención de introducir una reducción del tipo impositivo aplicable a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las empresas de pequeña y mediana capitalización, bajando el tipo sobre los primeros 50 000 euros de la base imponible al 15 % (también una disminución de 1 p. p.).

El principal programa de fomento de la I+D ya no acepta fondos de inversión

El Gobierno tiene previsto eliminar progresivamente el programa SIFIDE para fondos de inversión, con el fin de generar un ahorro de aproximadamente 124 millones de euros en 2026, que podría alcanzar los 179 millones de euros en 2030. A pesar de la supresión de la ventaja fiscal, el plazo para deducir los créditos fiscales ya acumulados se ampliará de tres a cinco años.

Esta decisión sigue la recomendación de la Unidad Técnica de Evaluación de Políticas Tributarias y Aduaneras (U-TAX), que destacó que una parte significativa de las inversiones realizadas a través de SIFIDE permanecían atrapadas en los fondos y las empresas destinatarias, sin aplicarse efectivamente a actividades de I+D.

Las primas de productividad siguen estando exentas de impuestos

La exención fiscal del IRS y la Seguridad Social para las primas de productividad, las recompensas basadas en el rendimiento, la participación en los beneficios y las primas de fin de año seguirá vigente en 2026, siempre que estas no superen el 6 % de los ingresos básicos anuales del empleado. Esta medida, introducida el año pasado por el primer Gobierno liderado por Luís Montenegro, seguirá aplicándose durante todo el próximo año.
Apoyo a la innovación tecnológica y empresarial
Los Presupuestos Generales del Estado para 2026 prevén la transferencia de un total de 6,6 millones de euros a la Agencia Nacional de Innovación, además de 1 millón de euros de Turismo de Portugal a NEST. Estos fondos están destinados a promover la innovación tecnológica y la digitalización de las empresas, con un impacto en la modernización del sector financiero.

MEDIDAS E INCENTIVOS PARA LAS FAMILIAS

El impuesto sobre la renta de las personas físicas volverá a bajar para los tramos más bajos

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRS) se reducirá en un 0,3 % en los tipos marginales del segundo al quinto tramo, tal y como se acordó previamente en los Presupuestos Generales del Estado de este año. Esta es la cuarta vez que un Gobierno liderado por Luís Montenegro aplica una reducción de la presión fiscal. Además, los tramos del IRS se actualizarán en un 3,51 %, lo que beneficiará al primer tramo al elevar el umbral técnico de los salarios exentos de impuestos para que se ajuste al aumento del salario mínimo. A pesar de la reducción del IRS, el Gobierno espera recaudar 937 millones de euros adicionales en ingresos por IRS, debido a la evolución favorable prevista en el mercado laboral.

El salario mínimo aumenta a 920 euros

Como se había anunciado anteriormente, el salario mínimo nacional aumentará en 50 euros, hasta alcanzar los 920 euros al mes. Este aumento ya estaba estipulado en el acuerdo firmado entre el Gobierno, las confederaciones patronales y los sindicatos, y tiene como objetivo alcanzar gradualmente los 1100 euros al mes en 2029. A pesar de las advertencias del ministro de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, que advirtió de que los valores intermedios establecidos en el acuerdo podrían estar sujetos a cambios, el Gobierno mantuvo el plan original, que beneficia principalmente a los trabajadores portugueses del primer tramo del IRS, que siguen estando exentos del pago del impuesto sobre la renta.

Los funcionarios públicos recibirán un aumento mínimo de 56,58 euros

El Gobierno confirmó que los empleados del sector público recibirán un aumento mínimo de 56,58 euros (+2,15 %) en sus ingresos mensuales en 2026. Además, el salario mínimo del sector público aumentará hasta los 934,99 euros, superando el salario mínimo nacional fijado para 2026 (920 euros). Según la propuesta del Gobierno, esta medida tendrá un impacto de más de 500 millones de euros en las finanzas públicas y beneficiará a más de 760 000 trabajadores. Aunque este aumento ya estaba incluido en el acuerdo firmado el año pasado con los interlocutores sociales, los sindicatos habían previsto subidas más elevadas y ya han convocado una huelga nacional de la administración pública para el 24 de octubre.

Los pensionistas tendrán aumentos en 2026, pero no se garantizan subidas adicionales

La propuesta del Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado se centra en parte en la población de más edad, un segmento del electorado que tradicionalmente ha estado más alejado del PSD. El Gobierno aplicará los aumentos previstos por la ley, subiendo las pensiones más bajas (hasta 1045 €) un 2,7 % (el único grupo que obtendrá un aumento superior a la tasa de inflación). El segundo tramo de pensiones (hasta 3135 €) experimentará un aumento del 2,11 %, mientras que el tercer tramo (hasta 6270 €) aumentará un 1,86 % el próximo año. Estos aumentos no incluyen los aumentos extraordinarios propuestos por el PS y el CH, que el ministro de Finanzas consideró que podrían provocar un déficit presupuestario.

El suplemento de solidaridad para las personas mayores también aumentará hasta los 670 €, lo que supone un incremento de 40 € con respecto a la cantidad actual, lo que beneficiará a aproximadamente 230 000 pensionistas. Solo esta medida tendrá un impacto fiscal de 700 millones de euros.

Los impuestos sobre el alcohol y el tabaco se mantendrán sin cambios en 2026

El Gobierno prevé recaudar 80 millones de euros más que en 2025 por el impuesto sobre el tabaco y el impuesto sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, incluso si los impuestos se mantienen sin cambios. Se prevé que los ingresos procedentes del impuesto sobre el tabaco aumenten en 71 millones de euros (+4,4 %, hasta alcanzar un total de 1600 millones de euros), y los ingresos procedentes del impuesto sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (IABA) en 8 millones de euros (+2,5 %, hasta alcanzar un total de 317 millones de euros), siguiendo la tendencia observada en 2025. Las bolsitas de nicotina se incluirán en la lista de productos de tabaco y nicotina que estarán sujetos al impuesto especial a partir de 2026. El tipo impositivo es de 0,065 €/g.

MEDIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA ENERGÍA

Más dinero y aceleración de la concesión de licencias para las energías renovables

Tal y como se ha defendido en años anteriores, el Gobierno refuerza su compromiso con la transición energética, asignando cerca de 2500 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,9 % con respecto a 2025. El Gobierno también reafirma su intención de poner en marcha una plataforma única de concesión de licencias para proyectos renovables, al tiempo que garantiza la aprobación del Programa Sectorial para las Zonas de Aceleración de las Energías Renovables, destinado a simplificar y agilizar los procedimientos de concesión de licencias para proyectos renovables. Además, la propuesta prevé una reforma de las instituciones públicas responsables de la concesión de licencias, con el fin de garantizar una mayor coordinación y digitalización de los procesos. El Gobierno también suprimirá la Contribución Extraordinaria al Sector Energético (CESE) para las empresas de gas natural, ya que fue considerada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, pero mantendrá este impuesto para otras empresas del sector energético.

Inversiones para garantizar un sistema eléctrico más resiliente e independiente

Tras el apagón de abril, el Gobierno también está dando prioridad a la robustez del sistema energético, aumentando la inversión para modernizar las redes, ampliando el número de plantas solares con capacidad de arranque autónomo y promoviendo el almacenamiento de energía y las interconexiones en los marcos ibérico y europeo. Al mismo tiempo, el Gobierno tiene previsto impulsar la producción de energía renovable, promover la electrificación del consumo y estimular el mercado del gas renovable.

La agrovoltaica y la energía oceánica a la vanguardia de la industria verde

En línea con el Pacto por una Industria Limpia presentado por la Comisión Europea, el Gobierno anunció el desarrollo de una Estrategia Industrial Verde destinada a crear sinergias más fuertes entre los sectores económicos mediante la promoción de proyectos agrovoltaicos y la producción de energía oceánica.

Por ahora, no habrá aumento de impuestos sobre los productos petrolíferos

A pesar de la presión de la Comisión Europea, no se prevé que el Impuesto sobre los Productos Petrolíferos (ISP) sufra ningún cambio. Sin embargo, se ha prometido una reducción gradual de los impuestos durante un periodo en el que los precios del crudo sean más bajos, para evitar un impacto significativo en los consumidores.

En el ámbito de la movilidad, el Gobierno también tiene la intención de ampliar la red de recarga de vehículos eléctricos el próximo año y seguir promoviendo la electrificación. Además, el Ejecutivo impulsará la descarbonización de la flota de transporte público, con planes para adquirir vehículos de transporte público eléctricos e híbridos, como autobuses y barcos.

Más inversión en la gestión sostenible del agua para 2030

Reconociendo los recursos hídricos como una prioridad, la propuesta de presupuesto estatal tiene como objetivo mejorar la eficiencia hídrica a través del plan «Água que Une», que incluye medidas como inversiones para garantizar la seguridad del suministro, la modernización del Sistema Nacional de Información sobre Recursos Hídricos y la mejora medioambiental de las zonas ribereñas. Esta estrategia también abarca la aprobación del nuevo Plan de Acción para la Economía Circular, que se aplicará de aquí a 2030, así como el refuerzo del Plan de Acción TERRA, cuyo objetivo es ampliar la capacidad de tratamiento de residuos y hacer frente al riesgo creciente de que la capacidad de los vertederos alcance su límite.

MEDIDAS PARA LA VIVIENDA

Se mantienen la garantía pública y las exenciones fiscales

Para facilitar el acceso a la primera vivienda, se mantendrá el programa IMT para jóvenes, que exime del pago de los impuestos asociados a la compra de una propiedad a las personas de hasta 35 años. Con la actualización de los tramos del impuesto IMT, las propiedades que se benefician de esta exención pueden tener ahora un valor de hasta 330 000 euros. La Garantía Pública para la Vivienda Joven, que facilita el acceso al crédito mediante una garantía estatal que también cubre la entrada de la hipoteca, también se mantiene en 2026. Cuenta con un total de 1000 millones de euros.

Aumento de la oferta de vivienda pública de hasta 930 millones de euros

El Gobierno identifica la escasez de viviendas disponibles como el principal factor de la actual crisis inmobiliaria y pretende frenar el aumento de los precios aumentando el número de viviendas en el mercado. En el ámbito público, ya se han destinado 930 millones de euros para 2026 a programas centrados en la promoción y rehabilitación de viviendas, que se espera que beneficien a unas 22 000 personas. Mientras tanto, el Gobierno también se compromete a movilizar activos públicos, desde terrenos hasta edificios, para nuevos proyectos de vivienda.

El mercado de la vivienda para estudiantes recibirá inversiones

El Gobierno se propone reformar el sistema de apoyo social a la educación superior para 2026/2027, centrándose en la transparencia y ampliando el acceso a la vivienda académica más allá de los criterios tradicionales para incluir a los estudiantes económicamente vulnerables. Esta iniciativa contará con el apoyo de una inversión continua en residencias de estudiantes mediante el uso de fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR), junto con esfuerzos para regular el mercado informal de alquiler de estudiantes y planificar la capacidad de alojamiento a largo plazo, en el marco del Plan Nacional de Alojamiento para la Educación Superior.

La regulación del mercado del alquiler define 2300 € como moderado

Para reforzar la estabilidad y la seguridad del mercado del alquiler, el Gobierno tiene previsto introducir nueva legislación y promover la expansión de opciones de alquiler asequibles. Esto incluirá un aumento del número de contratos en el marco del régimen de alquiler accesible, lo que contribuirá a garantizar condiciones más predecibles y justas tanto para los inquilinos como para los propietarios. Esta intención ha suscitado controversia, ya que se define como «alquiler moderado» aquel que no supera los 2300 €.

MEDIDAS PARA EL ECOSISTEMA DIGITAL

Se mejora la ciberseguridad con la transposición de la NIS2

Con la ciberseguridad como prioridad, el Gobierno tiene previsto reforzar el marco jurídico y las políticas públicas antes de finales de 2025, mediante la transposición de la Directiva NIS2 y la revisión del régimen jurídico de la seguridad del ciberespacio. En esta ocasión se crearán tres instrumentos clave: la nueva Estrategia Nacional de Seguridad del Ciberespacio, el Plan Nacional de Respuesta a Crisis e Incidentes de Ciberseguridad y el Marco Nacional de Referencia para la Ciberseguridad.

El Gobierno nombra un CIO como parte de la reforma del Estado

El Programa de Simplificación, que forma parte de la reforma del Estado, tiene como objetivo combatir la burocracia a través de dos objetivos estratégicos: aumentar la eficiencia administrativa y reducir los costes para los ciudadanos y las empresas. Entre las medidas más destacadas se encuentran la creación del Director de Información del Estado y la Agencia Digital, que coordinará una estrategia digital unificada; la plena interoperabilidad de los sistemas públicos; y la creación de una plataforma de interfaz digital única.

Nuevas tecnologías digitales para la Administración Pública

El Gobierno pretende reforzar el desarrollo profesional y la recualificación de los funcionarios públicos, en consonancia con la reorganización de los ministerios y la adopción de nuevas herramientas digitales. El objetivo es aumentar la agilidad, la innovación y la eficiencia de los servicios públicos, promoviendo el acceso a oportunidades de formación actualizadas, gratuitas y en línea para todos los empleados y directivos. La modernización de las infraestructuras y los sistemas tecnológicos es esencial para la transformación digital del Estado y para garantizar el principio de «una sola vez», evitando que los ciudadanos y las empresas tengan que presentar datos repetidamente. La adopción de plataformas urbanas y gemelos digitales permitirá una gestión territorial más inteligente y sostenible. Esta modernización se basa en una política nacional de datos que promueve el intercambio y la toma de decisiones basada en pruebas.

Fortalecimiento de las cualidades del servicio público

El Gobierno quiere que la digitalización se traduzca en una mejora real de la experiencia de los ciudadanos y las empresas, mejorando la calidad y la accesibilidad de los servicios públicos, tanto digitales como presenciales. Pretende ofrecer servicios integrados a través del portal y la aplicación Gov.pt, ampliando su cobertura territorial. El compromiso también incluye la expansión de la identidad electrónica y las claves móviles digitales, promoviendo un Estado más accesible, eficiente y centrado en las personas.

La inteligencia artificial como motor de la modernización y la transformación

El Gobierno destinará 20 millones de euros a promover la adopción de la inteligencia artificial en la Administración Pública como motor de la innovación, la eficiencia y la modernización de los servicios públicos. Esta inversión apoyará el desarrollo del modelo multimodal de lengua portuguesa, la integración del asistente virtual Gov.pt en la aplicación móvil y la implementación de soluciones de IA en áreas como la contratación pública, la facturación y la gestión de los fondos de la UE.

Promoción de las competencias digitales como pilar de la estrategia de digitalización

El Gobierno tiene previsto invertir hasta 2 millones de euros para promover el desarrollo de las competencias digitales entre los ciudadanos y los trabajadores, contribuyendo a que la digitalización sea más inclusiva y equitativa. El objetivo es capacitar a la población para que aproveche las oportunidades tecnológicas, reducir las desigualdades y reforzar la empleabilidad, aumentando el porcentaje de ciudadanos con competencias digitales básicas y garantizando el acceso universal a los servicios digitales.

MEDIDAS PARA EL SECTOR FINANCIERO

Los bancos siguen teniendo que pagar una contribución, pero ya no financiarán la Seguridad Social

La contribución extraordinaria al sector bancario seguirá vigente en 2026 y ascenderá a 210 millones de euros (la misma que en 2025). Se mantiene la contribución específica aplicada a las entidades financieras, pero, por otra parte, la contribución adicional que los bancos tenían que pagar para financiar la Seguridad Social, que ascendía a 40 millones de euros en 2025, se suprimirá en 2026, después de que el Tribunal Constitucional la declarara inconstitucional.

Límites máximos para la concesión de garantías

El Gobierno está autorizado a conceder garantías estatales hasta un límite máximo anual neto de 4500 millones de euros. Además, el Gobierno está autorizado a conceder garantías de hasta 2600 millones de euros, que cubren el crédito a la exportación, el crédito financiero y la inversión portuguesa en el extranjero. Esta medida tiene por objeto apoyar la internacionalización de las empresas y reducir los riesgos mediante el fortalecimiento del Banco de Fomento (el Banco de Desarrollo de Portugal).

Concesión de préstamos y otras operaciones activas

Se autorizan operaciones activas por un importe máximo de 6000 millones de euros para apoyar la economía, financiar inversiones estratégicas y reforzar la liquidez de las empresas. Estas operaciones podrán ser gestionadas por el Banco Português de Fomento, centrándose en la sostenibilidad financiera y la competitividad empresarial.

Traspaso del seguro de crédito garantizado por el Estado al Banco de Fomento

La gestión del seguro de crédito garantizado por el Estado se traspasará al Banco Português de Fomento a partir de enero de 2026. Esta centralización tiene por objeto optimizar la gestión de las garantías públicas y garantizar una mayor eficiencia en la cobertura de los riesgos asociados a las exportaciones y la financiación de las empresas.

Fondo de contragarantía mutua

El Estado autoriza garantías de hasta 1000 millones de euros a favor del Fondo de Contragarantía Mutua, reforzando así el sistema de garantía mutua. Esta medida mejora el apoyo a la financiación de las pymes y las empresas emergentes, promoviendo la competitividad, la inversión y la capacidad de respuesta del sector empresarial nacional.

MEDIDAS PARA EL TURISMO Y LA AVIACIÓN

Promoción de Portugal como destino turístico

El Gobierno pretende consolidar la posición de Portugal como destino turístico líder a nivel mundial, apoyando la expansión internacional de las empresas turísticas nacionales. Estos esfuerzos se centran en reforzar la accesibilidad y la conectividad, garantizando que Portugal siga siendo un destino atractivo y de fácil acceso para los visitantes. Se contemplan 442 millones de euros para este fin.

Mayor desarrollo del turismo regional

A nivel regional, el Gobierno se ha comprometido a promover soluciones de movilidad más sostenibles entre las principales zonas turísticas, para que los desplazamientos sean más fluidos y ecológicos. Esto incluye el desarrollo de conexiones ferroviarias respetuosas con el medio ambiente, al tiempo que se prevé mejorar la eficiencia de los servicios de transporte turístico, como los traslados del aeropuerto al hotel. Próximamente se pondrá en marcha una nueva Agenda de Innovación Turística, en la que se definirán las áreas prioritarias para la innovación y se esbozarán los programas de apoyo a proyectos pioneros y startups en I+D.

Ampliación de la conectividad aérea en 2026

Reconociendo que la conectividad es crucial para el crecimiento en mercados lejanos, en 2026 se pondrá en marcha un programa específico para la ampliación de la conectividad aérea, en coordinación con socios nacionales y regionales. Este programa incentivará la apertura de nuevas rutas aéreas directas económicamente sostenibles, reforzando la conexión del país con la cartera de mercados emisores de diversas regiones, mediante acuerdos de promoción conjunta con las compañías aéreas destinados a dar a conocer «Destino Portugal».

El Gobierno no se compromete a realizar ninguna valoración de TAP en el marco de su venta

El Gobierno optó por no incluir ninguna estimación de los ingresos del proceso de privatización, pero destacó, en la introducción del documento, que se ha consolidado el proceso de reestructuración del universo TAP y que ha comenzado el proceso de reprivatización de TAP. Cuando se le preguntó sobre el hecho de que no se incluyera en el documento ningún valor relacionado con la privatización de TAP, el ministro de Estado y de Hacienda respondió lo siguiente: «Obviamente, con las negociaciones en curso, cualquier valor influiría en dichas negociaciones. La venta no tendrá ningún impacto en el equilibrio presupuestario».

Los aeropuertos de Lisboa y Oporto recibirán inversiones

El Gobierno está aplicando una estrategia de inversión doble: la continuación del desarrollo del nuevo aeropuerto de Lisboa – Luís de Camões, que es crucial para aliviar la saturación del aeropuerto de Lisboa y establecer uno de los mayores centros de operaciones de Europa. Paralelamente, se está reforzando la capacidad y la eficiencia de los aeropuertos de Lisboa y Oporto con inversiones en terminales e infraestructuras, con el objetivo de consolidar Oporto como la opción de referencia en la región noroeste de la Península Ibérica. Estas obras tienen como objetivo fundamental mejorar la conectividad internacional e impulsar el turismo y los negocios, en consonancia con los objetivos de crecimiento sostenible del país.

Hoja de ruta para la descarbonización

En el marco de la Hoja de ruta para la descarbonización de la aviación, se pondrán en marcha nuevos incentivos para la producción de combustibles sostenibles para la aviación (SAF), lo que contribuirá a estructurar una cadena de valor a nivel nacional. Ya existe un incentivo de hasta 40 millones de euros a este respecto.

MEDIDAS PARA LA DEFENSA

Revisión de la Ley de Programación Militar en 2026

El Gobierno pretende revertir el descenso de ocho años en la retención de personal reforzando la contratación, mejorando las prestaciones y garantizando salarios competitivos. La eficacia operativa se basará en el mantenimiento preventivo y correctivo de los activos militares, mientras que la revisión de la Ley de Programación Militar en 2026 alineará la planificación de la defensa con los objetivos estratégicos y presupuestarios.

El gasto en defensa alcanzará el 2 % en 2025 y más en 2026

La parte del PIB dedicada al gasto en defensa alcanzará el 2 % este año y superará el 2 % en 2026, según ha declarado el ministro de Finanzas. Entre las prioridades se incluyen la ciberdefensa, los sistemas no tripulados, la inteligencia artificial, la simulación, los sensores, la interoperabilidad y las plataformas autónomas. La estrategia busca atraer inversiones, impulsar la capacidad de producción, fortalecer la cooperación entre la OTAN y la UE, integrar la industria portuguesa en programas europeos y consorcios multinacionales para fomentar las tecnologías de doble uso, y modernizar las capacidades críticas de las Fuerzas Armadas. Los préstamos SAFE deben liquidarse antes de fin de año, y los gastos de 2026 deben financiarse con el presupuesto estatal o con SAFE.

Incentivos a la industria de defensa para replicar el «modelo OGMA»

La consolidación de la base tecnológica e industrial de defensa es un objetivo estratégico clave, que vincula a universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas. El Gobierno pretende avanzar en las reformas legales para promover las asociaciones público-privadas que movilicen la experiencia nacional y la inversión extranjera en línea con el «modelo OGMA». Los resultados se medirán a través del impacto económico, la creación de empleo y el crecimiento de las exportaciones portuguesas en materia de defensa. El Gobierno pretende posicionar el sector de la defensa como motor del crecimiento económico.

MEDIDAS PARA LA INMIGRACIÓN

Reorganización de la política migratoria para reducir la estancia ilegal

El Gobierno ha establecido para 2025 una política migratoria basada en el Estado de derecho, la gestión responsable de los flujos y el respeto de la dignidad humana. Su objetivo es garantizar una inmigración regulada que satisfaga las necesidades nacionales y valore al mismo tiempo las contribuciones de los migrantes. Se reforzará la aplicación de la ley en materia de entrada y residencia ilegales, garantizando la legalidad, la seguridad y la plena protección de los derechos humanos, con medidas acordes con las normas internacionales.

La modernización de la AIMA, clave para la eficiencia administrativa

El Gobierno ha establecido la transformación de la AIMA como elemento central para lograr un sistema migratorio eficiente, transparente y fiable. Según el Gobierno, la nueva estructura organizativa acelerará la toma de decisiones, reducirá los obstáculos burocráticos y garantizará tiempos de tramitación más rápidos. Mediante la mejora de la coordinación operativa y la adopción de herramientas digitales, la AIMA proporcionará una orientación más clara, un mejor apoyo a la integración y unos servicios más receptivos a los migrantes.

Atracción de talento e integración local

Se adoptará un enfoque estratégico para atraer talento extranjero, en consonancia con las prioridades económicas y los sectores objetivo con escasez de mano de obra. La política migratoria hará hincapié en la responsabilidad compartida, exigiendo a los empleadores que garanticen condiciones dignas de acogida e integración. El enfoque será descentralizado e implicará a los municipios, la sociedad civil y el tercer sector.

MEDIDAS PARA LOS BOSQUES

Bosques sostenibles y resilientes

Se reforzarán los recursos para la prevención e intervención en caso de incendios forestales, la gestión de combustibles y la protección de los asentamientos. El Gobierno también se propone reducir el impacto de las plagas, las enfermedades y las especies invasoras, proteger la flora autóctona, promover las especies indígenas, aumentar la producción y la comercialización nacionales y fomentar la investigación y la transferencia de conocimientos, con el fin de garantizar unos bosques adaptados, diversos y sostenibles.

Territorios rurales, innovación y riego

El Gobierno busca mejorar las zonas rurales, estimular el espíritu empresarial y la innovación, y fortalecer la investigación, la formación y la transferencia de conocimientos en los sectores agroforestal, pesquero y marítimo. Los proyectos se adaptarán a las necesidades locales, haciendo hincapié en la igualdad de género, la colaboración cooperativa, la ampliación del riego y la modernización de las infraestructuras, garantizando la productividad, la resiliencia y la cohesión territorial.

Gestión integrada y gobernanza territorial

El Gobierno se compromete a lograr un bosque más resiliente, productivo y sostenible mediante una gestión forestal activa, profesional y racionalizada. El Plan «Bosques 2050: Un futuro más verde» incluye 19 medidas y 154 acciones estratégicas. El Gobierno promoverá la acción integrada entre el Estado, las partes interesadas locales y el sector privado, aclarando las responsabilidades y reforzando los modelos de gobernanza eficientes. El Gobierno tiene como objetivo promover un entorno favorable para la inversión y la innovación, al tiempo que fomenta el desarrollo económico, la creación de empleo y la cohesión territorial.