-
TemáticasMedio ambienteReputaciónSostenibilidad ESG
-
SectorConsumo Masivo y DistribuciónEnergía, Petróleo y Gas
Durante los últimos años, los distintos países y regiones han empezado a formular nuevas medidas públicas con el objetivo de favorecer la sostenibilidad, aumentar el bienestar de los ciudadanos y frenar el cambio climático.
Una de las medidas más populares en este sentido ha sido la de emplear la fiscalidad para premiar el comportamiento sostenible, como con los subsidios a la energía verde, y para desincentivar las prácticas más contaminantes, por ejemplo mediante impuestos al carbón.
Este último es el caso de la llamada nueva “tasa Amazon”, un nuevo impuesto que entrará en vigor en Barcelona en 2023 y que grava el reparto de mercancías compradas por internet y entregadas a domicilio por “aprovechamiento del espacio público”. A pesar de su nombre, esta tasa no solo afectará al gigante de envío Amazon, sino a todas las grandes empresas postales de e-commerce como DHL, UPS, Seur, MRW o Correos Express, cuyos ingresos brutos superen el millón de euros obtenidos por entregas en sus destinos finales.
¿El objetivo? Según afirma el proyecto, fomentar el comercio de proximidad y evitar que la ciudad se sature con vehículos de entrega que provocan contaminación y congestión.
Esta nueva tasa se ha presentado como una medida del estilo “David contra Goliat” para apoyar al pequeño comercio frente a las multimillonarias multinacionales que “no contribuían al interés general”, según las autoridades barcelonesas, que han estudiado en detalle la medida para evitar cualquier tipo de acción legal por parte de estas compañías.
Una decisión que, por supuesto, ha generado mucha controversia y oposición. En España, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO) advierte de posibles agravios comparativos entre regiones de España. En otros países como Reino Unido, la medida ha sido directamente rechazada por el riesgo de crear distorsiones injustas entre modelos comerciales distintos, así como por miedo a que genere el efecto contrario al pretendido en términos de descongestión y reducción de contaminación en las ciudades si lo que se logra es que más y más consumidores se desplacen físicamente a realizar sus compras.
Sea como fuere, la realidad es que la presión fiscal aumenta para las grandes multinacionales, que ya no solo se ven tasadas bajo el peso de la redistribución de la riqueza, sino que ahora también pagan más impuestos en el marco de la lucha por la sostenibilidad.
Independientemente de los potenciales beneficios o perjuicios que pueda acarrear esta medida, las multinacionales están cada vez más expuestas a la presunción de culpabilidad en la dimensión fiscal y ahora, también, en la medioambiental. A menudo, las grandes compañías de logística como Amazon se presuponen inherentemente contrarias al interés general y se critican por considerar que pagan pocos impuestos o por ser altamente contaminantes y contrarias al consumo sostenible, independientemente de que cumplan con la normativa fiscal y medioambiental actual en las ciudades en donde operan.
Por ello, más allá de las acciones judiciales que puedan emprender contra las instituciones públicas, conviene que las compañías hagan un esfuerzo a nivel de comunicación para explicar cómo contribuye su modelo fiscal a promover la sostenibilidad y ayudar a las comunidades locales. Por ello:
- Como no puede ser de otra forma, las grandes multinacionales han de cumplir rigurosamente con sus obligaciones tributarias y medioambientales, actualizándose e informándose sobre las particularidades y las tendencias legislativas de cada jusrisdicción en la que operan.
- Del mismo modo, todas estas compañías deben involucrarse realmente en prácticas sostenibles, adaptadas a sus modelos de negocio y a cada lugar en el que operan, contribuyendo positivamente en cada comunidad.
- Pero no solo vale hacerlo sino también parecerlo. Además de promover prácticas sostenibles, las grandes multinacionales tienen que saber transmitir a cada uno de sus stakeholders (ayuntamientos y organismos públicos, consumidores, transportistas, empleados…) cómo su sistema fiscal tiene sentido en el marco de la actividad concreta de cada una de estas compañías y cómo ayuda su contribución tributaria y medioambiental a los objetivos de desarrollo sostenible.
Bien acaten estas nuevas tasas o, en su defecto, tomen acciones legales contra los organismos públicos por imponerlas, las multinacionales continuarán teniendo, y cada vez en mayor medida según crece la preocupación por la sostenibilidad, esta imagen de grandes compañías sin escrúpulos que dañan el bienestar general.
Por ello, es cada vez más importante que las grandes compañías no solo cumplan con sus obligaciones tributarias y se involucren de verdad en prácticas que favorezcan la sostenibilidad, sino que además sean capaces de explicar cómo sus aportaciones contribuyen a aumentar el bienestar social de las comunidades en las que operan, puesto que el respeto por la sostenibilidad se espera ya como un elemento transversal a toda la actividad de las compañías y constituye un factor determinante sobre la licencia social para operar de las mismas.
Autores
Alba García