El cambio en América Latina: Es la hora de los Comunicadores

LOS NUEVOS-VIEJOS PROBLEMAS

Un viejo refrán caribeño nos recordaba: “Cuando ya tienes los frijoles en el plato, te preocupas del televisor…”. En ese sabio concepto se destaca que, una vez cubiertas las necesidades básicas, empiezas a preocuparte por otros aspectos de tu entorno y tu comunidad.

En este sentido, una de las primeras consecuencias de la consolidación de la clase media, donde el foco económico cede paso a otras necesidades, consiste en elevar a la categoría de “gran asunto” lo que tradicionalmente era un tema propio de la costumbre local, que subyace dentro del estilo latinoamericano: el problema de la confianza.

Curiosamente, parece que se produce un amplio consenso en la materia: hablamos de una profunda falta de confianza en todos los órdenes: en América Latina se desconfía de las instituciones, de los partidos políticos, del gobierno, de las empresas e, incluso, se desconfía de las personas… Los datos del Latinobarómetro son implacables en este sentido: ningún poder se libra del recelo de los ciudadanos, con cuotas del 70 % y superiores sobre la poca o ninguna confianza en los gobiernos y partidos políticos que conforman el poder ejecutivo, ni en las cámaras legislativas, ni siquiera en el sistema judicial, del que no se fía más de las tres cuartas partes de la población. El último reducto, que tradicionalmente había mantenido un cierto nivel de confianza, como son las empresas y las organizaciones empresariales, se han acercado a un peligroso 60 % de desconfianza entre la población.

Este contexto de insatisfacción, por un lado frente a las instituciones democráticas y, por otro, frente a las personas que las dirigen, es el caldo de cultivo perfecto para que, otro rasgo típico de la “viveza criolla”, alcance cotas de verdadera lacra social. Es el caso de la corrupción en América Latina.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado cada año por Transparencia Internacional, se puede comprobar que numerosos países latinoamericanos trasladan una percepción negativa sobre el grado de corrupción que existe en su sector público, si bien, dada la heterogeneidad de la región, no se puede ni generalizar, ni simplificar en grandes rasgos.

Sin embargo, se han producido recientemente dos situaciones que transforman cualitativamente la percepción de la corrupción en América Latina: por un lado, de acuerdo con el análisis del Real Instituto Elcano, el tema de la corrupción se ha incorporado de forma potente en la Agenda Pública de muchos países, empezando por Brasil, Guatemala, Chile, Honduras, etc., lo que ha dado lugar a discusiones en los parlamentos, críticas entre la población y, como no, el azote de los medios de comunicación. El rechazo a los enriquecimientos ilícitos ha pasado de la molestia individual a la esfera pública, con sus consecuencias en manifestaciones en la calle y las muestras de rechazo a la impunidad que tradicionalmente regía para este tipo de comportamientos.

Por otro lado, los sonados casos de corrupción empresarial, algunos de ámbito regional, han permitido añadir un elemento cualitativo al análisis de este fenómeno: la “privatización” de la corrupción. El foco se generaliza, pues ya no solo es el funcionario público el transgresor, sino que ahora se señala el papel de la empresa corruptora, aunque siempre estuvo ahí.

«En América Latina se desconfía de las instituciones, de los partidos políticos, del gobierno, de las empresas e, incluso, se desconfía de las personas…»

Junto a la pérdida de confianza y la corrupción, el tercer elemento que destaca en este nuevo-viejo mapa de las preocupaciones latinoamericanas hace referencia al cumplimiento de la ley. En América Latina, si hay algo de lo que se tiene en abundancia, es de normas: los diseños de las políticas públicas se realizan de forma sistemática en todos los ámbitos de actuación del Estado –las normativas, los reglamentos, en algunos casos a la vanguardia de la creación normativa– cubren ampliamente todos los campos en los que el ciudadano necesita un grupo de reglas para gobernarse.

Entonces, ¿dónde está el problema? Simplemente, en que no se cumplen. Las políticas públicas en la mayoría de los países están bien planteadas y mejor diseñadas pero donde llega el momento de debilidad es en su implementación y cumplimiento.

Para el profesor García Villegas, de la Universidad Nacional de Colombia, el incumplimiento de las normas en América Latina no siempre es un acto excepcional, sino todo lo contrario. Puede convertirse –como en el caso de las normas de tráfico, la venta ambulante o, peor aún, la normativa fiscal– en la norma, en el mismo orden de las cosas establecidas, por encima o al margen de la legalidad vigente, y puede llegar a provocar el cambio de la misma o su no aplicación definitiva por desuso.

En este sentido, los incumplidores no reciben el más contundente rechazo social y sus comportamientos, más que desviados, están normalizados y, en cierta manera, regularizados en las sociedades en las que viven. Por lo general ni ellos, ni la sociedad, perciben las prácticas de incumplimiento de las normas como actos delictivos o criminales, ni siquiera como perturbaciones del orden.

Tomado el ejemplo del incumplimiento de las normas fiscales, debemos ser conscientes de las implicaciones que esto conlleva: el incumplimiento está tan enraizado en la sociedad, que la conducta incumplidora puede llegar a convertirse en un comportamiento socialmente “tolerado”, aunque no “aceptado”, e incluso, a veces en casos de incumplimiento por parte de los políticos, electoralmente premiado. Nadie duda de lo duro que es recaudar impuestos en América Latina…

CONSECUENCIAS DE LOS NUEVOS-VIEJOS PROBLEMAS

El hecho de que la sociedad latinoamericana haya cambiado el foco de sus preocupaciones estrictamente económicas hacia otras, como la falta de confianza, la corrupción o el incumplimiento de las leyes con un componente más social y basado en las percepciones, hace que también se produzcan cambios en el comportamiento ciudadano. E insistimos, no es que estos problemas sean tan nuevos o nos sorprendamos de su existencia. La verdadera novedad es que ahora sí forman parte de la Agenda Pública y que han llegado para quedarse y ocupar su espacio por derecho propio.

De acuerdo con el Departamento de Investigación del BID, los ciudadanos latinoamericanos apoyan firmemente la democracia pero están insatisfechos, como ya hemos visto, con las instituciones que los representan y los resultados de las políticas públicas que se aplican. La falta de confianza; dudas de si las leyes, aunque buenas, lleguen a aplicarse; y el contexto de corrupción que no termina de desaparecer, hace que el ciudadano latinoamericano tolere determinadas políticas públicas que podrían considerarse como verdaderas “piedras en el propio tejado institucional”.

«Es la idea del beneficio personal relativamente cercano frente a beneficio colectivo relativamente lejano y del que no hay confianza…»

La desconfianza en el futuro provoca que exista una preferencia por las políticas que tienen beneficios a corto plazo aunque sus costes, a largo plazo, sean potencialmente muy elevados. A modo de ejemplo, el concepto de “pensión de jubilación” está muy poco arraigado, por esta subestimación del futuro y la preferencia por el corto plazo. En cifras del propio BID, solo el 17 % de la población cobraría pensión en América Latina. Asimismo, las políticas que tienen efectos visibles y tangibles son las que priman, frente a otras propuestas más cualitativas o de efectos a largo plazo.

En este nuevo contexto, otra de las políticas socialmente más aceptadas son aquellas que conllevan transferencias o subsidios, en vez de una mejora en la construcción de los bienes públicos. Es la idea del beneficio personal relativamente cercano frente a beneficio colectivo relativamente lejano y del que no hay confianza…

«ES LA CULTURA, ¡ESTÚPIDO!»

Los economistas han cumplido con su labor, prueba superada, de estabilización económica y construcción de las bases que permitan un crecimiento sostenido. Pero ahora, lo que preocupa verdaderamente es la construcción de una sólida sociedad civil que asuma la cultura de los derechos y los deberes, la autocrítica y la autorregulación, que la gente proteste cuando otros incumplen. La cultura del cumplimiento de las normas o la cultura de la legalidad es imprescindible para alcanzar una convivencia integrada y solidaria y que, sin duda alguna, favorece la productividad.

El elemento estructural, el ADN de las nuevas preocupaciones, tiene un arraigado componente cultural, que construye su esquema de comportamiento social en base a las percepciones que los ciudadanos desarrollan en los territorios donde actúan y con relación a las comunidades con las que se interrelacionan.

Buscando el formato más sencillo, la cultura es el conjunto de creencias que gobiernan el comportamiento de las personas. Cuando hablamos de cultura nos estamos refiriendo a tres tipos de conceptos: las creencias, las actitudes y los comportamientos. Las creencias permiten conformar las actitudes de los ciudadanos frente a la realidad social y estas actitudes se manifiestan en comportamientos.

Siguiendo a Antonio Díaz, director de The Last Mile: “Cada cultura influye en los comportamientos a través de castigos más o menos explícitos, o a través de premios. Pero la coerción funciona solo mientras el premio o el castigo sigue vigente, y hasta que no aparece un premio o castigo mayor en otra dirección”.

Si el ciudadano cree que contribuir a la sociedad pagando sus impuestos le va a beneficiar también a él, su actitud será plenamente colaborativa con las normas fiscales, actitud positiva para su cumplimiento y, por supuesto, su comportamiento será el de pago riguroso cuando le corresponda… pero, ¿qué sucede si la creencia es que no hay beneficios personales pagando impuestos? ¿Si la actitud es negativa frente a la norma fiscal? ¿Si, por tanto, el comportamiento es “que pague otro”?

Entonces, no habrá que cambiar la norma, ni hacerla más coercitiva, ni añadir nuevos reglamentos, ni mejores proyecciones económicas. Hay que cambiar la cultura.

PARA EL CAMBIO CULTURAL, QUE VENGAN  LOS COMUNICADORES

José Juan Ruiz, director del Departamento de Investigación del BID, fue muy explícito en una reciente conferencia en Madrid: “La cultura es la única institución que no viene con manual de instrucciones sobre cómo cambiarla”.

¿Es tan difícil conseguir un cambio cultural? Sin duda, ya que impacta en los valores, las creencias, las actitudes y los comportamientos. El problema radica en que todos estos elementos se encuentran en la esencia profunda de la sociedad, que genera una barrera de protección propia para que las cosas permanezcan como están. Las creencias se construyen en base a percepciones, intangibles que construyen un convencimiento que influye sobre las actitudes de los ciudadanos….

Si hablamos de análisis de las percepciones, gestión de los intangibles, capacidad de convencimiento, influencia, ¿no estamos hablando de las herramientas y del territorio propio de los comunicadores?

«La cultura es la única institución que no viene con manual de instrucciones sobre cómo cambiarla»

La cultura se puede cambiar. Y para ello, se debe atacar las creencias que generan las viejas actitudes y provocar el cambio de comportamiento: no, ya no debería ser aceptable en América Latina seguir siendo comerciante informal, o no llevar placas en el carro o no pagar el impuesto de sociedades. La nueva creencia será que, cumpliendo con las obligaciones, el primer beneficiado será el propio ciudadano y, por ende, el resto de la sociedad.

Nadie ha hablado de trabajo sencillo pero, sin duda, posible: diseñar un Plan Estratégico del Cambio, donde se delimiten los territorios en los que las creencias deben ser combatidas, así como la identificación de las comunidades que gestionan las erróneas percepciones. Estos serían los primeros pasos en esta ardua tarea. A partir de ahí, elaboración de un nuevo relato, que permita hacer entender a los ciudadanos que el principal beneficiario del nuevo comportamiento va a ser él mismo.

Siguiente paso, encontrar “agentes del cambio” que favorezcan este difícil proceso. En particular, la comunicación podrá ejercer de elemento vertebrador alrededor de las partes implicadas, que permita un diálogo activo entre los públicos relevantes implicados en esta transformación.

El reto consiste en instaurar la confianza entre los ciudadanos latinoamericanos. Para ello, el compromiso de gobiernos e instituciones de todo tipo y condición serán imprescindibles para liderar una auténtica “coalición para el cambio”. Planificación, coordinación, recursos y, después, seguimiento y medición.

Es la hora de afrontar este nuevo reto en la sociedad latinoamericana. Con unos fundamentos económicos que se van consolidando y que permiten el desarrollo económico y social de una forma sostenible, siempre con sus lógicos y esperados altibajos, es la hora del cambio cultural. Y los comunicadores estamos preparados.