Contrabando, seguridad jurídica y cadenas logísticas

Ad portas de la XXX Cumbre Iberoamericana, el Ministerio del Interior de España anunció el Plan Especial de Seguridad que regirá durante estas jornadas de diálogo. En este escenario, es fundamental poner sobre la mesa la importancia de discutir las medidas más eficientes para abordar el crimen organizado y las estructuras económicas transnacionales que cruzan fronteras, cuyo impacto se refleja en el aumento de la sensación de inseguridad y delincuencia en diversos países de la región.

Desde la recién creada Asociación Nacional contra las Economías Ilícitas (ANEI) en Chile, hemos observado cómo estos grupos han evolucionado hacia sistemas cada vez más sofisticados que movilizan miles de millones de dólares y se han infiltrado en infraestructuras críticas, como puertos y pasos fronterizos. Sin embargo, no siempre actúan a través de los delitos considerados más “violentos”, como el narcotráfico o la trata de personas y armas.

Los negocios criminales analizan los distintos mercados y se diversifican para generar capital con rapidez, recurriendo con frecuencia a actividades con menores penas, como el comercio ilegal, el contrabando, la piratería y la falsificación de productos, que constituyen algunos de sus principales brazos financieros.

Esto equivale a una pérdida para todos. Las arcas fiscales pierden recursos a través de la evasión de impuestos; los negocios locales no tienen posibilidades de competir contra los precios del mercado negro; y la ciudadanía en general se enfrenta, por un lado, a productos sin autorizaciones sanitarias que podrían poner en riesgo su salud (por ejemplo, con los artículos de cosmética, alimentación y tecnología) y, por otro, a barrios tomados por verdaderas mafias que ocupan el espacio público y propician la delincuencia.

Para las empresas multinacionales con operaciones regionales, la filtración del comercio ilegal en sus redes logísticas representa más que un costo “marginal”. Con productos cada vez más difíciles de diferenciar visualmente de las marcas legales, existen casos donde incluso el mercado formal no ha logrado reconocer a proveedores fraudulentos, lo que supone un riesgo directo para la reputación corporativa y la salud de los consumidores. Esto no solo ocurre en el plano físico, existe también una enorme “cuneta digital”, especialmente en torno a contenidos culturales como los libros, que impacta de lleno a los derechos de autor y a la industria editorial, y que resulta muy compleja de abordar a nivel regional debido a las disparidades legislativas entre países.
 

La solución

 
La libre circulación de productos legales se sustenta en la certeza de que las reglas funcionan, en la fiscalización por parte de las autoridades y policías y su estricto cumplimiento. Cuando los puertos, pasos fronterizos, zonas de libre comercio o plataformas de ventas digitales se vuelven permeables, la confianza ciudadana se deteriora, los costos en seguridad privada se disparan y los gobiernos pierden ingresos fiscales relevantes.

Este círculo vicioso obliga a los países a destinar más recursos públicos a la persecución del crimen organizado, la fiscalización, el almacenaje y la destrucción de mercancías ilegales.

Frente a este panorama adverso, una de las respuestas ha sido el levantamiento de iniciativas, muchas de ellas nacidas desde la colaboración público-privada, orientadas a consolidar redes de cooperación técnica y financiera con los entes fiscalizadores. Por otro lado, la seguridad jurídica de los marcos normativos constituye una garantía fundamental de neutralidad y agilidad; por lo tanto, resulta indispensable asegurar canales institucionales entre los países para proteger el comercio transfronterizo.

Sin embargo, para resguardar las normativas se requiere un enfoque transversal, donde todos debemos aportar con nuestro grano de arena. En Chile, por ejemplo, un país donde las economías ilícitas mueven más de 5.700 millones de dólares al año (CPC, 2026), hay un trabajo muy avanzado desde las cámaras de comercio y las universidades. En esta línea, también buscamos aportar desde la ANEI al reunir empresas de sectores directamente afectados por estos delitos, las cuales ponen a disposición información y recursos para trabajar junto a las autoridades. A nivel internacional, iniciativas como la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), creada en 2016, demuestran el valor de articular a distintos gremios para unificar criterios políticos y regulatorios regionales contra las economías ilícitas.

Por otro lado, blindar las rutas logísticas y asfixiar el sustento económico del crimen organizado (las “rutas del dinero”) es indispensable para la certeza jurídica y la estabilidad comercial.

La región enfrenta la disyuntiva de posicionarse como un destino sólido para los capitales internacionales, tarea que demanda enfrentar las redes que financian la delincuencia.

Activar a todos los organismos disponibles para impulsar políticas públicas efectivas es el puntapié inicial para erradicar las economías ilícitas y asegurar un desarrollo económico transparente y sostenible para toda la región.