Gestión pública transparente con obras por impuestos

Cualquier iniciativa del Estado por quitarse de encima el peso de la burocracia es más que una buena noticia para cualquiera de nuestras economías en América Latina. La burocracia entorpece, resta valor, aumenta costos para la sociedad y dilata el desarrollo y concreción de buenas ideas. El Estado peruano, en su búsqueda de la simplificación administrativa y la atracción de la participación de la empresa privada en la creación de infraestructura, ha echado mano con acertada oportunidad del mecanismo de Obras por Impuestos. Una forma de invertir en el impuesto a la renta de las corporaciones de manera directa y eficiente en escuelas, hospitales, sistema de agua y desagüe, comisarías, sistemas de videovigilancia y seguridad ciudadana, carreteras, caminos y puentes, entre otros. Y en este esquema de inversión del otro lado está la municipalidad o el gobierno regional en el norte, centro y sur del Perú con millonarios recursos del canon minero, petrolero y ahora gasífero y, muy poca capacidad de gestión para invertirlo.

Aunque en los recientes tres años -se estima que terminará con compromisos de inversión 4 veces mayor los registrados en el 2012- ha crecido exponencialmente el número de empresas y autoridades locales y regionales que apuestan por el mecanismo para acelerar la creación de infraestructura de impacto social, aún estamos lejos de lograr que este mecanismo consolide su lugar como mejor alternativa para la inversión pública.

La mayor dificultad que tiene el mecanismo para terminar de posicionarse , no está necesariamente en el poco conocimiento que tienen los funcionarios de las regiones para usarlo o el desinterés de la empresa privada por contribuir de manera más legítima y empoderada -no con donación, no con regalo ni filantropía- sino en la conciencia que muchas de las autoridades tienen de que el mecanismo reduce notablemente los espacios que se pueden aprovechar para obtener beneficios personales ilícitos.

Al trasladar algunas tareas fundamentales de gestión del proyecto de inversión pública de las manos del funcionario público a las de los equipos en las empresas privadas dejándolos asumir las responsabilidades de contratación de estudios y constructoras, el funcionario municipal y regional pierde discrecionalidad. La forma tradicional de hacer inversión pública, desafortunadamente, ha estado y aún lo está, plagada de malas prácticas e ilícitos para favorecer contrataciones que también le rinden un porcentaje sustancioso a algunos malos funcionarios públicos.

Esta es una valla muy difícil, pero no imposible de superar. Es el gran reto -posiblemente, el mayor de todos- que el mecanismo y quienes lo promovemos con entusiasmo y convicción tendremos que afrontar en los próximos años para lograr que se masifique y sea un éxito.

Sigue siendo una excelente oportunidad de revertir los indicadores de brechas en infraestructura para la prestación de servicios públicos de alto valor para la población. La actual coyuntura de elecciones municipales y regionales en octubre próximo amplían y renuevan la ventana de oportunidad para la expansión del uso de la modalidad de Obras por Impuestos, así como la posibilidad de que ahora los sectores (los Ministerios) de Educación, Salud, Interior y Agricultura puedan usar OxI directamente con fondos nacionales en proyectos de su competencia y, no sólo con recursos del canon.

El desafío es poner en agenda política de estos nuevos alcaldes y presidentes regionales el uso del mecanismo con intensa promoción, acompañamiento a sus procesos e identificación de empresas que les interese hacer Responsabilidad Social Empresarial estratégica y sostenible co-gestionando el desarrollo económico local con las autoridades.

Si deseas ampliar la información sobre este tema, te invito a leer el Informe Especial «El poder de los tributos para activar la inversión Pública» publicado en la web de d+i LLORENTE & CUENCA