A finales de la semana pasada, la Comisión Europea adoptaba un amplio paquete de medidas para un uso sostenible de los recursos naturales clave. Si bien las diferentes propuestas legislativas están, en mayor o menor medida, directamente ligadas con la economía circular, hay una que destaca sobre el resto: la revisión de la Directiva marco de Residuos en lo relativo a desperdicio alimentario y residuo textil.
En paralelo a los desarrollos normativos en España sobre desperdicio alimentario (este, interrumpido por la disolución de las Cortes) o residuos textiles (este otro, en proceso de definición el futuro real decreto que ordene la responsabilidad ampliada), la Comisión Europea ha dado otro paso para la definición de la circularidad en ambos sectores, en particular, aunque en gran medida para la de la totalidad del modelo económico (bajo la premisa “One Planet, One Health”, de la “salud de los suelos” parte casi todo).
Existen dos volúmenes críticos -y casi coincidentes- en el ámbito del desperdicio alimentario: los 131 kilogramos por habitante que se desechan sin ser consumidos y los 132.000 millones de euros de pérdida de valor de mercado que ello representa. Ante ello, la Comisión ha puesto sobre la mesa que los Estados miembros reduzcan el desperdicio de alimentos en un 10% en la transformación y la fabricación y en un 30% en venta al por menor y consumidor final, tomando como referencia los valores de 2020. No cabe duda de que el principal reto estará en esto último y en cómo tejido productivo y administraciones públicas orienten sus esfuerzos para lograrlo (de manera separada y también conjunta). En un modelo donde la responsabilidad ampliada es más compleja de dimensionar, los marcos regulatorios habrá de ser mucho más eficientes a la hora de enviar las señales adecuadas a toda la cadena. Sólo un dato del efecto tractor que representa una reducción del desperdicio (y de su interrelación con otros retos climáticos): alcanzar un residuo cero equivaldría a eliminar 1 de cada 6 toneladas de CO2 que el sector emite en Europa.
En el caso de los residuos textiles, el reto es todavía si cabe más ambicioso. No en vano, la Estrategia de la Unión Europea para unos textiles sostenibles y circulares ha sido uno de los documentos más relevantes en materia de economía circular durante esta legislatura. Alrededor del 78% del volumen de prendas de ropa aún no son recogidas de forma separada, lo que implica que en un sector netamente circular exista una fuga de materiales hacia la incineración o el vertedero. En ocasiones, además, más allá de las fronteras comunitarias; algo en lo que también pone énfasis la Comisión en su propuesta al entrar más en detalle sobre la condición de residuo y de textil reutilizable. No obstante, la ambición del Ejecutivo comunitario va más allá de acelerar la recogida separada: también busca promover la investigación y el desarrollo de tecnologías innovadoras, alumbrando un campo como el del fiber to fiber para el establecimiento de circuitos cerrados en el sector (con la dificultad que ello conlleva a día de hoy).
Las propuestas serán debatidas ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo, con el compromiso de la futura presidencia belga del Consejo de la UE de dejar resueltos ambos. En paralelo, la legislatura que se abre en España no podría empezar con mayores deberes en estos ámbitos.
La resiliencia como vector para los suelos y los productos
Como comentábamos, cabe una mención aparte para el acto legislativo sobre la salud de los suelos. Una norma que se complementa y sumo un nuevo ángulo a la protección de nuestros entornos, como por ejemplo la normativa sobre Restauración de la Naturaleza. Precisamente, uno de los principales retos que volverá a enfrentar esta norma será el de integrar a los actores primarios en su relación con los suelos, el sector agroganadero. Trabajar de la mano con uno de los sectores más sensibles a la transformación será fundamental para dar cumplimiento al espíritu de la norma, de forma que medidas como el establecimiento de una certificación sanitaria del suelo no sean percibidas como una amenaza.
Por otra parte, y si bien la propuesta sólo establece principios generales para garantizar una correcta conservación de los suelos (a expensas de las propuestas de Parlamento o Consejo, no entra a definir qué prácticas deben aplicarse o prohibirse; esto le corresponderá a los Estados miembros), el proceso de aprobación de la norma deberá poner sumo cuidado en la aproximación latitudinal que haga a la realidad de unos y otros países, donde el grado de conservación ni la forma de producir son las mismas.
Precisamente, fruto de ese contexto climático cada vez menos homogéneo, otra de los actos legislativos más esperados ha sido el de Nuevas Técnicas Genómicas para productos vegetales. Ante un campo todavía incipiente a ojos del regulador, el punto de partida que ha establecido la Comisión se articula en base a dos categorías que clasificarán los vegetales en más y menos complejos, con el propósito de acelerar la penetración en las cadenas alimentarias de los segundos y, sobre todo, con el de integrar todas las garantías y organismos posibles en el proceso de validación de los segundos. De que ello no se convierta en una barrera volverá a depender de cuánto y cómo sea capaz de participar el sector a la hora de transferir conocimiento al regulador, tanto a nivel europeo como con los gobiernos de los Estados miembros.
