Vox abandona los gobiernos autonómicos: causas y posibles consecuencias

El partido presidido por Santiago Abascal ha cumplido su amenaza y ha abandonado los gobiernos autonómicos que compartía con el PP. ¿La gota que ha colmado el vaso? El reparto entre las diferentes comunidades autónomas de los menores inmigrantes llegados a Canarias, que ha pedido ayuda en diferentes ocasiones para hacer frente a la crisis migratoria. El PP aceptó el acuerdo con el Gobierno, que supone trasladar a 347 menores a otras comunidades, lo que en opinión de Vox es inaceptable.

ANTECEDENTES

Hasta la ruptura anunciada ayer, Vox ha formado parte del Gobierno en cinco comunidades autónomas lideradas por el PP: Castilla y León, Extremadura, Aragón, Comunitat Valenciana y Murcia. En Baleares la fórmula del acuerdo es el pacto programático parlamentario. Estos pactos han supuesto que Vox ocupe la presidencia de algunos de los parlamentos autonómicos, lo que otorga una mayor proyección pública.

Mediante estos acuerdos, Vox ha obtenido una amplia responsabilidad de gobierno, incluyendo vicepresidencias y consejerías autonómicas, así como centenares de cargos de libre designación, lo que ha fortalecido la estructura, los ingresos y la influencia de la agenda de Vox en los distintos territorios. Además, en este mismo marco, Vox ha conseguido entrar a formar parte del Gobierno en varios ayuntamientos de toda España. Sin embargo, la contrapartida es el riesgo de pérdida de visibilidad, lo que obliga a Vox a buscar frecuentemente gestos públicos de diferenciación con el PP para disputarle el electorado.

LA CRISIS

En las últimas semanas, Vox ha incrementado su estrategia de tensión con el Partido Popular para ganar protagonismo, mantener movilizadas a sus bases y captar parte del voto más conservador del PP. Su estrategia pasa por situar al PP como aliado del PSOE, redoblando sus ataques cada vez que se ha producido algún acuerdo, y particularmente, en el caso del Consejo General del Poder Judicial. El pasado miércoles día 10, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que está representado el gobierno y las distintas comunidades autónomas, alcanzó un acuerdo por el cual se producirá un reparto voluntario de los 347 menores migrantes que actualmente se encuentran en Canarias. El acuerdo contó con el apoyo de los consejeros autonómicos de los gobiernos liderados por los socialistas y también por los consejeros de gobiernos liderados por el Partido Popular, aunque el gobierno de la Generalitat de Catalunya no lo suscribió. Estos acuerdos son habituales entre comunidades autónomas, en este y en otros ámbitos.

Vox ha visto, en esta circunstancia, la oportunidad de ganar proyección, con un tema central de su agenda política en España y en el resto de Europa como es la inmigración, y aprovecha así para presentarse como “la única alternativa que ofrece seguridad ante la llegada de migrantes”. Y ello pese a que la cifra de migrantes que van a distribuirse entre las distintas autonomías es exigua y no tendrá ninguna consecuencia. Por esta razón, Abascal oficializó ayer que los miembros de Vox en los diferentes gobiernos abandonaban sus cargos.

Sin embargo, este movimiento táctico debe leerse en una clave estratégica de más largo alcance, que se ha visto reflejada en el reagrupamiento de Vox en el Parlamento Europeo. El abandono del grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) liderado por Meloni y su nueva adscripción al recién creado grupo “Patriotas por Europa”, inspirado y dirigido por Orban, responde a un posicionamiento más extremo en lo ideológico y más geopolítico en la definición de las alianzas internacionales, sobre todo de cara a la posible victoria de Trump el próximo 5 de noviembre. Otro elemento menos sistémico que hay que tener en cuenta para explicar este movimiento de Vox en España y en Europa ha sido el éxito de Alvise Pérez en las elecciones europeas, que abre un posible flanco de populismo de extrema derecha que Vox podría querer atajar compitiendo en radicalidad.

ESCENARIOS Y CONSECUENCIAS

La salida de los gobiernos autonómicos tiene un gran coste para Vox en el corto plazo, pues se enfrenta a un escenario en el que verá reducida su influencia, su estructura y sus ingresos e incrementadas sus tensiones internas. Tensiones internas como en Extremadura, donde el único consejero de Vox ya ha anunciado que seguirá y se pasará al PP, en Castilla y León, donde ha dimitido el vicepresidente Juan García-Gallardo, pero se resisten a hacerlo los tres consejeros de Vox, y en Aragón, donde los consejeros de Vox parece que tampoco quieren dejar sus cargos. En las próximas horas se clarificará cuántos miembros de Vox mantienen sus cargos institucionales y cuáles obedecen las órdenes de la dirección.

En todo caso, este giro estratégico de los de Abascal no tendrá, previsiblemente, consecuencias prácticas sustanciales en la acción de las instituciones afectadas, ni supondrá la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas, por lo menos a corto plazo.

Las actuales fórmulas de gobierno PP-Vox serán sustituidas por acuerdos parlamentarios con Vox similares al que existe actualmente en Baleares. A pesar de que en las islas también han anunciado que dejarán de apoyar desde fuera al gobierno de Marga Prohens, parece difícil que Vox vaya de la mano de las fuerzas de izquierdas para paralizar la acción política de los populares. Esta fórmula incrementa la inestabilidad, pero no implica cambios sustanciales a corto y medio plazo.

El nuevo escenario es más cercano a las aspiraciones de Feijóo y facilita la proyección de un perfil más centrista del PP, a la vez que dificulta la equiparación entre PP y Vox utilizada a menudo por la izquierda. Es por esto que parece descartable que el PSOE aproveche esta circunstancia para derribar gobiernos autonómicos del PP y los pactos de esta formación con Vox son imposibles. Por otro lado, la mayor autonomía de que gozará el PP, reduce las opciones de los socialistas de situar a los populares en el mismo paquete de la extrema derecha para su desgaste.

Los pactos con Vox son incómodos para el PP y la tentación de convocar elecciones autonómicas anticipadas estará presente, si los datos demoscópicos permiten una mayoría holgada que libere a los populares de la influencia de Vox, como ya sucedió en el caso de Galicia, Madrid o Andalucía. Esta es una posibilidad, pero muy poco probable a corto plazo. No cabe descartar, no obstante, la celebración de elecciones anticipadas en algunas comunidades autónomas a partir de 2025, en el caso de que el PP se vea con opciones para gobernar en solitario.

Finalmente, la nueva situación puede facilitar algunos pactos puntuales entre el PP y el PSOE en las distintas comunidades autónomas en cuestiones de especial trascendencia social y económica o en la renovación de organismos estatutarios que requieren amplios consensos.

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