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Más de la mitad de las empresas que operan en España han sufrido algún tipo de delito económico en su organización. Y en la mitad de los casos, el delito se cometió desde dentro, pese a que la compañía persiga y castigue ese tipo de comportamientos. Son datos del último Informe de PWC sobre fraude y delito económico, que aunque datan de antes de la pandemia, nos dicen mucho sobre la probabilidad de que se materialice un riesgo de transparencia e integridad de este tipo en cualquier compañía.
Cuando los mecanismos de control y compliance no han sido suficientes y una organización se ve salpicada por un episodio de este tipo, su actitud frente al problema es lo que más afectará a su reputación. La única forma posible es la de mantener un actitud contraria y combativa respecto a este tipo de acciones éticamente reprobables.
En ocasiones, no se puede evitar que ocurra . ¿Qué es lo que hace que un empleado cometa un fraude? Deben darse 3 circunstancias:
- Un incentivo que le empuje a hacerlo. Por ejemplo, una necesidad de alcanzar determinados resultados empresariales o una necesidad personal.
- Una oportunidad que lo facilite. Provocada por el escaso control, reducción de recursos internos para vigilar prácticas corruptas.
- Un elemento racionalizador que lo justifique. Por ejemplo, mantener el estilo de vida actual, imitación de conductas en el pasado, injusticias salariales, etc.
Facebook por el caso Cambridge Analytica perdió 79.000 millones de dólares, Volkswagen por el dieselgate 30.000 millones de dólares. Son un par de ejemplos del coste económico que supusieron esos casos en el corto plazo (caída de la valoración bursátil en las primeras semanas).
Pero, ¿y a largo plazo?, ¿se pueden limpiar manchas como las de Lehmann Brothers, el caso Madoff o en España todas las compañías salpicadas por Villarejo? Es necesario tener en cuenta que una vez se ha destapado el caso, el objetivo no puede ser otro que el de mitigar el impacto.
Aquí van 6 consideraciones que tenemos en cuenta en LLYC cuando ayudamos a un cliente que se ve envuelto de forma involuntaria en este tipo de situaciones:
- Respetar la confidencialidad del procedimiento, la presunción de inocencia, así como las reglas de transparencia del mercado de valores, si se trata de una compañía cotizada.
- Crear un sistema de coordinación para que la información fluya de forma segura entre las partes implicadas que deben gestionar esta crisis (dirección ejecutiva, asesoría legal, comunicación, departamento implicado).
- Anticipación. El riesgo de filtraciones y de rumorología en estos casos es alto, por lo que es imprescindible contar cuanto antes con una estrategia “cortafuegos”. Esto permite reaccionar con celeridad y eficacia hasta que el proceso esté cerrado para evitar daños reputacionales posteriores.
- Monitorización exhaustiva en medios y redes sociales que permita conocer de forma inmediata y con detalle desviaciones de lo que se publica respecto al relato oficial de la compañía.
- La actitud de la compañía frente al problema. Es el factor que más afectará a su reputación. Decisiones como la suspensión cautelar de las funciones de los investigados, la apertura de procesos internos para analizar los hechos y corregir posibles errores, servirá para demostrar el compromiso real con la transparencia.
- Ante un procedimiento legal, activar una estrategia de comunicación de preparación y seguimiento del litigio.
- Plan de recuperación. Posicionar contenidos relevantes sobre aquellos aspectos que son críticos para la reputación de la compañía.
Aunque la compañía sea víctima de una mala práctica de un empleado, un proveedor u otro stakeholder, es necesario gestionar la comunicación con una elevada profesionalidad y experiencia. De lo contrario, el resultado ante la opinión pública puede ser de consecuencias gravísimas para la reputación de la compañía
En LLYC tras haber gestionado miles de situaciones complicadas para nuestros clientes, sabemos que la comunicación es la herramienta clave para salir de una situación de crisis.