En los últimos años se ha producido un cambio fundamental en el concepto de sostenibilidad y en la aplicación de los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG por sus siglas en inglés). La nueva perspectiva proviene en parte de la Ley 11/2018, sobre divulgación de información no financiera, y del creciente interés de una opinión pública dirigida por la generación millenial. Ambas palancas han acelerado una tendencia que hoy es imparable en el mercado financiero. Nadie discute que las tres dimensiones de la sostenibilidad determinan la evolución a largo plazo y los indicadores financieros de las compañías.
Esta tendencia se ha visto acelerada por la pandemia, que ha reforzado el interés del mercado financiero, y del regulador, por el desempeño de las organizaciones en materia de sostenibilidad. Tras la crisis sanitaria, se ha consolidado la relevancia de las dimensiones medioambiental (E) y de gobernanza (G). Por su parte, la dimensión social, que tradicionalmente había estado relegada a un segundo plano, también ha adquirido gran protagonismo.
La inversión sostenible (1), categoría que incluye la inversión ESG de acuerdo con la información publicada por la Global Sustainable Investment Review, alcanzó los 35,3 billones de dólares en 2020 y sigue creciendo. Solo en EE UU, la gestión de activos ESG por parte de las compañías de capital privado aumentó, entre 2018 y 2020, en torno a los 5 billones de dólares.
Los inversores institucionales cada vez tienen mayores razones para integrar los criterios ESG en sus evaluaciones, ya que, en paralelo, cada vez hay mayores evidencias sobre el rendimiento superior de las inversiones que cumplen con criterios ESG y atienden la mayor concienciación social. Hoy en día, un porcentaje muy significativo de inversores institucionales y gestores de activos afirman tener en cuenta de forma sistemática factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en sus procesos de inversión.
Las principales gestoras de activos de ámbito mundial están incluyendo en su propósito su intención de invertir únicamente en compañías sostenibles y que cumplan con una serie de criterios en materia de ESG.
Todo lo anterior implica que, en las compañías cotizadas, la demanda de información en materia de ESG se consolida como algo habitual. Requiere intensificar los esfuerzos de los equipos de relación con inversores para proporcionar en tiempo y forma la información sobre dicha materia.
Es importante destacar la existencia de unos requerimientos regulatorios que van en aumento, así como la proliferación de estándares (GRI, SASB, IR, TCFD) (2), y de agencias de calificación de ESG, que hacen complicada la tarea de reporte por parte de las cotizadas, así como la comparabilidad entre la información. Todo este maremágnum de datos debe tender hacia su estandarización, porque así se podrá avanzar en la mejora de los procesos de reporte.
Por su parte, las empresas están respondiendo, al situar las cuestiones ESG entre sus decisiones estratégicas, y al asumir que la sostenibilidad es una palanca de creación de valor (por encima del mero cumplimento regulatorio). Cada vez son más las compañías que incluyen criterios ESG en la agenda de los Consejos de Administración, o vinculan el salario de los ejecutivos a su desempeño en materia de sostenibilidad.
Tras la crisis sanitaria, la importancia de la confianza y la transparencia entre las compañías y el mercado financiero es más importante que nunca. Los inversores requieren datos para su toma de decisiones de inversión. En este contexto de creciente complejidad, surgen oportunidades claras para las empresas con una hoja de ruta y un enfoque proactivo, y riesgos para aquellas que no lo hacen. Las cotizadas que adopten un enfoque proactivo, se beneficiarán de un mayor acceso a la financiación y al capital, y potenciarán por tanto, su elegibilidad en el mercado.
Meritxell Pérez de Castro-AcuñaDirectora de relación con inversores de Soltec Power Holdings
