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Los ciudadanos colombianos y la comunidad internacional siguieron muy de cerca el 24 de noviembre de 2016, el anuncio del presidente Juan Manuel Santos, confirmando la firma del acuerdo para poner fin al conflicto armado de más de cinco décadas con las FARC. Ese hito dio inicio al camino hacia el desarme, que finalmente fue certificado por la ONU el 26 de junio de 2017, y a partir del cual se empezó a escribir la historia del posconflicto.
Las FARC entregaron sus armas y el país se enfrenta a una nueva “guerra”: la lucha contra la pobreza y por la reconciliación que, aunque siempre ha estado presente, ante el silencio de los fusiles toma un protagonismo histórico y supone una responsabilidad que, sin duda alguna, marcará el éxito de Colombia como sociedad y verdadero estado de derecho.
Empieza entonces a verse en las portadas de los principales diarios el desplazamiento de la guerra por la lucha contra la corrupción en el sector público y privado, mientras en las regiones el miedo se convirtió en empoderamiento social y nuevo camino al progreso.

¿Y cómo la paz se convierte en un hecho para superar pobreza?
Hablar de paz no es solamente acabar con el conflicto armado. Hablar de paz sostenible requiere elevar los indicadores de calidad de vida de los habitantes, con mejoras en la generación de ingresos, así como en el acceso y calidad de la salud y la educación, construcción de vivienda e infraestructura social, generación de empleo, mejoramiento de la seguridad, impulso de garantías para la democracia y la participación, promoción de la reconciliación y el respeto por las normas de convivencia y solidaridad.
En general, hablar de paz es construir un país que brinde un acceso equitativo a la oferta social integral que el Estado ha diseñado para que todos sus ciudadanos superen la pobreza multidimensional; hecho que debe estar acompañado de la inversión privada para el crecimiento y desarrollo industrial y de servicios en el país.

Recuperar la confianza requiere tejer una base social desde lo rural
Empieza ahora el reto de recuperar el tejido social y de crear mecanismos que generen confianza en todos los sentidos; superar la pobreza, la corrupción, otras formas de violencia y el sentimiento de división entre colombianos.
Los lugares en donde el conflicto se consolidó, hoy son los territorios con mayores rezagos y con necesidades inminentes que ponen a prueba la eficacia de las acciones enfocadas en la inclusión social y la reconciliación.

El Estado tendrá que aumentar su acceso y cobertura institucional en las zonas de posconflicto, en su mayoría rurales, que son 3 veces más pobres que los contextos urbanos.
En esa línea, las actividades del posconflicto deberán enfocarse en los municipios elegidos para tal fin, a través no solo de programas y oferta de bienestar y servicios, sino también de instrumentos para el desarrollo de capacidades de gestión pública territorial.
El posconflicto supone transformar efectivamente lo rural y mejorar las condiciones de vida de esa población, lo cual implica identificar factores dinamizadores del desarrollo territorial para abordarlos desde las políticas, los programas, planes y proyectos sociales del Estado; dentro de los cuales se debe resaltar:





Institucionalidad sí, pero trabajando de manera articulada
Hoy, los colombianos vuelven a creer con la esperanza de un nuevo y mejor futuro, y ponen a prueba la eficacia de las estrategias que el Gobierno nacional ha preparado. El desafío para el Gobierno radica en una adecuada coordinación interinstitucional que permita llegar al territorio con una oferta articulada que facilite ver resultados prontamente, sobre todo en los cinco ejes transversales de la superación de la pobreza multidimensional: salud, educación, trabajo, vivienda y servicios públicos y protección a la niñez y juventud.

Empresarios, claves en la construcción de un nuevo país
La lucha para hacer del posconflicto una estrategia para el desarrollo, es una tarea ardua para los gobiernos que están por venir, y que debe ir de la mano de empresarios e inversionistas internacionales que se unan a la definición y puesta en marcha de la visión de un nuevo país.
Los empresarios tendrán que prepararse para entender las nuevas reglas que supone un nuevo escenario con múltiples actores jugando simultáneamente bajo condiciones no del todo conocidas y con un público que hace, en ocasiones, de árbitro y en otras juega como protagonista de la nueva historia.
La promoción del respeto y la solidaridad podría ser quizá el mayor desafío en un país polarizado no solo por la guerra, sino por la politización del proceso. Las elecciones nacionales se aproximan, y la transición hacia esta nueva etapa requerirá el apoyo decidido del sector empresarial. En Colombia, hoy, el camino hacia la paz pasa por la lucha contra la pobreza.


